Por falta de cuidados, DIF ha puesto bajo resguardo a 48 menores en San Juan del Río

La omisión de cuidados sigue encendiendo las alertas en San Juan del Río. Entre octubre de 2021 y enero de 2026, un total de 48 niñas, niños y adolescentes tuvieron que ser puestos bajo resguardo institucional por la Procuraduría de Protección del DIF Municipal, luego de detectarse situaciones que podían poner en riesgo su bienestar.

La presidenta del Sistema Municipal DIF, Gina Sánchez Barrios, explicó durante el programa San Juan Mejor Informado que buena parte de estos casos estuvieron relacionados con falta de atención adecuada y con padres de familia que, pese a recibir una oportunidad para corregir la situación, no cumplieron los acuerdos establecidos con la autoridad.

Y es que el procedimiento no comienza de golpe con la separación del menor. Cuando personal de la Procuraduría identifica alguna situación de riesgo, primero trabaja con madres, padres o tutores y establece compromisos para mejorar las condiciones de las niñas, niños o adolescentes. Si los acuerdos quedan únicamente en buenas intenciones y el riesgo continúa, entonces se toman otras medidas de protección.

Otro asunto que permanece bajo la lupa es el trabajo infantil. Sánchez Barrios informó que el DIF realiza entre uno y dos operativos sorpresa cada mes en semáforos y cruceros del municipio, donde todavía es posible encontrar a menores acompañando a sus padres en actividades para obtener ingresos.

En estos recorridos, el personal municipal dialoga con las familias y establece compromisos encaminados a evitar que los menores permanezcan expuestos en la vía pública. Además, el DIF mantiene mesas de trabajo con el Gobierno del Estado para atender esta problemática de manera coordinada.

Por otro lado, la procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, María Antonieta Ortega Saavedra, señaló que la creación de una procuraduría especializada para adultos mayores todavía requiere modificaciones legales a nivel estatal.

Mientras eso ocurre, los casos de despojo patrimonial y otras vulneraciones contra personas mayores son atendidos por las áreas jurídica y de asistencia social, además del acompañamiento que se brinda en el centro gerontológico.